LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA O SOCIAL

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Artículo 1. La expropiación forzosa no podrá llevarse a efecto sino con arreglo a la presente Ley, salvo lo dispuesto en las Leyes de Minas y de Hidrocarburos. Sin embargo, en lo concerniente a la reforma interior y al ensanche de las poblaciones, prevalecerán las disposiciones de esta Ley; y en cuanto a la expropiación de tierras destinadas a la realización de la Reforma Agraria, se regirá además por las disposiciones contenidas en la Ley especial que se dicte al efecto.

Artículo 2. Se considerarán como obras de utilidad pública, las que tengan por objeto directo proporcionar a la Nación en general, a uno o más Estados o Territorios, a uno o más pueblos o regiones, cualesquiera usos o mejoras que cedan en beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta del Gobierno de la Unión, de los Estados, de las Municipalidades, los Institutos Autónomos, o de particulares, o empresas debidamente autorizadas.

Artículo 3. No podrá llevarse a efecto la expropiación de bienes inmuebles sino mediante los requisitos siguientes:

2. Declaración de que su ejecución exige indispensablemente que se ceda o enajene el todo o parte de la propiedad.

Único.-Antes de procederse a la expropiación se gestionará un arreglo amigable con los propietarios; pero en todo caso el avalúo se ajustará a las normas previstas en este Decreto.

Artículo 4. Todo propietario a quien se prive del goce de su propiedad, sin llenar las formalidades de este Decreto, puede usar de todas las acciones posesorias o petitorias que le correspondan, a fin de que se le mantenga en uso y goce de su propiedad y debe ser indemnizado de los daños y perjuicios que le acarrea el acto ilegal.

Artículo 5. La expropiación se llevará a efecto aun sobre bienes pertenecientes a personas que para enajenarlos o cederlos necesiten de autorización judicial, bien ellas mismas o sus representantes legales, pues en este caso quedan autorizadas sin necesidad de otra formalidad.

Único.- En ningún caso procede la expropiación sobre bienes pertenecientes a la Nación, a los Estados o a los Municipios, que según las respectivas leyes nacionales, de los Estados o Municipalidades, no pueden ser enajenados.

Artículo 6. La traslación del dominio a cualquier título durante el juicio de expropiación, no lo suspende, pues el nuevo dueño queda de derecho subrogado en todas las obligaciones y derechos del anterior.

Artículo 7. Las acciones reales que se intenten sobre el fundo que se trata de expropiar, no interrumpirán el juicio de expropiación, ni podrán impedir sus efectos.

Artículo 8. No podrá intentarse ninguna acción sobre la cosa que se expropia, después que haya sido dictada la sentencia que acuerda la expropiación; los acreedores sólo podrán hacer valer sus derechos sobre el precio.

Artículo 9. Los concesionarios o contratantes de obras públicas así como las compañías o empresas debidamente autorizadas por la Administración Pública, se subrogarán en todas las obligaciones y derechos que correspondan a ésta por la presente Ley.

Artículo 10. El Congreso Nacional declarará que una obra es de utilidad pública siempre que en todo o en parte haya de ejecutarse con fondos nacionales, o se le considere de utilidad nacional. De igual modo procederán las Asambleas Legislativas de los Estados, y en su receso, y en casos urgentes, el Poder Ejecutivo de los mismos, cuando se trate de obras que correspondan a la Administración de éstos. En las Municipalidades, la declaratoria de utilidad pública o social, es siempre atribución del respectivo Consejo. El Ejecutivo Nacional queda facultado para decretar de utilidad publica la posesión por el Estado de aquellos terrenos y construcciones que considere esenciales para la seguridad o defensa de la Nación. En tales casos el Ejecutivo Nacional dispondrá que se siga el procedimiento de expropiación establecido en la presente Ley.

Artículo 11. Se exceptúan de la formalidad de declaratoria previa de utilidad pública, por ser evidentemente de esta naturaleza, las construcciones de ferrocarriles, carreteras, caminos, edificios para escuelas, urbanizaciones obreras, cuarteles, fortalezas, hospitales, cementerios, estadios y aeródromos; los terrenos necesarios para institutos de enseñanza agrícola y pecuaria, las construcciones o ensanche de estaciones inalámbricas o conductores telegráficos; así como los sitios para el establecimiento de los postes, torres y demás accesorios de las líneas conductoras de energía eléctrica acueductos, canales y puertos; y los sistemas de irrigación y conservación de bosques y aguas, y cualquiera otra relativa al saneamiento, ensanche o reforma interior de las poblaciones; la colonización de terrenos incultos y la repoblación de yermos y montes. Asimismo las caídas de agua para instalación de plantas hidroeléctricas y construcciones anexas, únicamente en beneficio de la Nación, de los Estados, de los Territorios Federales y de las Municipalidades, con el fin de proveer de fuerza y de alumbrado eléctrico a alguna o algunas de sus poblaciones.

Tampoco se requiere la declaración previa de utilidad pública para las obras comprendidas en el Plan Regulador de la ciudad de Caracas, o en los planes de acondicionamiento o modernización de otras ciudades o agrupaciones urbanas, siempre que se elaboren y aprueben previamente por las autoridades competentes.

Único.- En todos estos casos bastará el Decreto de la Autoridad a cuya jurisdicción corresponda la obra respectiva.

Artículo 12. Cuando se trate de la apertura o ensanche de calles, avenidas, plazas o jardines, el Decreto a que se refiere el aparte único del artículo anterior, podrá autorizar la expropiación, además de lo indispensable para la obra, de una faja circundante hasta de sesenta (60) metros de fondo limitada por una línea paralela a la del contorno de la calle, avenida, jardín o plaza.

Artículo 13. Las áreas de la faja circundante a que se contrae el artículo anterior, se destinan a formar la base económica u ornamental de la respectiva obra mediante su enajenación, de manera que se indica en el artículo siguiente, únicamente para ser destinadas a la constricción de edificios, cuyo estilo, ubicación y altura, deberán estar en armonía en la avenida o sitio público de que se trate, de acuerdo con lo que se disponga en las Ordenanzas sobre la materia.

Artículo 14. La venta a que se refiere el artículo anterior se hará en remate, sobre la base del precio mínimo que se señale al efecto. El expropiado que haya recibido el precio en bonos de expropiación tendrá preferencia para la adquisición sobre esa base, en cuyo caso, el bien de que se trate, quedará exceptuado de la subasta. En los demás casos, en igualdad de circunstancias, se dará preferencia a los postulantes que ofrezcan el pago de la mayor parte del precio del remate de bonos de expropiación.

Artículo 15. Los inmuebles que con motivo de la construcción de Obras Públicas, como la apertura o ensanche de calles, avenidas, plazas, parques o jardines, caminos, carreteras, obras de riego o de saneamiento, adquiriesen por ese concepto un mayor valor que exceda del diez por ciento, debido a su situación inmediata o cercana a las mencionadas obras, quedarán sujetas al pago de las tres cuartas partes de ese mayor valor (plusvalía), que la entidad pública o privada que hubiese ejecutado los trabajos cobrará de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.

La contribución de mejoras será pagada en una sola cuota al contado o en diez cuotas anuales y consecutivas, en cuyo caso el valor de la contribución será aumentado en un veinticinco por ciento. Las zonas afectadas por la contribución de mejoras serán determinadas expresamente por la autoridad competente.

Articulo 16. A los fines de la fijación del mayor valor, la Administración hará levantar un plano parcelario de las propiedades colindantes o inmediatas a la obra de que se trate, y antes de la ejecución de ésta, hará tasar los inmuebles que según dichos planos sean susceptibles de la aplicación de aquella contribución.

La tasación que resulte será notificada a los propietarios o a sus representantes legales, quienes deberán manifestar en el acto de la notificación o dentro de los cinco (5) días inmediatos, por escrito, sii aceptan o no la tasación practicada. Su silencio se tendrá como aceptación.

Después de ejecutada la obra o la parte de ella que causa directa mente la plusvalía, se hará una nueva tasación a los propietarios o a sus representantes, quienes deberán manifestar por escrito dentro de los cinco días inmediatos, su conformidad o disconformidad. También en este caso el silencio del propietario se tendrá por aceptación. Aceptada expresa o tácitamente la segunda tasación, se fijará el importe de la contribución, notificándosela a los propietarios a los efectos del articulo 15 de la presente Ley.

Si la primera o segunda tasación no fuere aceptada o fuere objetada por el propietario, y la administración no se conformare con las observaciones hechas, si no fuere posible notificar al propietario por ausencia u otra causa, el valor del inmueble, en cada caso, será fijado sin apelación por una Comisión de Avalúos que estará constituida por tres miembros designados, uno por la autoridad respectiva, otro por el Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción y el tercero de común acuerdo por los dos primeros, o en caso contrario se nombrará el tercero por la autoridad respectiva. En el Distrito Federal, uno de dichos miembros lo nombrara el Colegio de ingenieros.

Único. El crédito de la contribución de mejoras gozará del privilegio que tienen los créditos fiscales.

Artículo 17. La destrucción de la propiedad privada en casos de epidemias u otros de calamidad pública, se regirá por leyes especiales.

Artículo 18. De los juicios de expropiación por causa de utilidad pública conocerán los jueces que ejerzan la competencia en lo Civil en Primera Instancia en el lugar de la ubicación del inmueble; y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones, conocerá en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia.

Único.- Cuando la Nación sea quien solicite la expropiación, el juicio se intentará directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 19. La solicitud de expropiación indicará la cosa objeto de ella y los elementos que contribuyan a su identificación. También indicará el nombre y apellido del propietario o propietarios, poseedores o arrendatarios, si fueren conocidos.

Artículo 20. La autoridad judicial ante quien se introduzca la solicitud y dentro del tercer día de su presentación, pedirá a la Oficina u Oficinas de Registro respectivas, cuando no hubieran sido acompañados a la solicitud, todos los datos concernientes a la propiedad y gravámenes relativos a la finca que se pretende expropiar, los cuales deberán ser remitidos a la brevedad posible.

Artículo 21. Conforme a los datos suministrados por el Registro y tan pronto como se reciban, se emplazará a los dueños, poseedores, arrendatarios, acreedores y en general, a todo el que tenga algún derecho en la finca que se pretenda expropiar.

La solicitud de expropiación y el auto de emplazamiento se publicará en un periódico de los de mayor circulación de la ciudad de Caracas y en alguno de la localidad si lo hubiere, por tres (3)veces durante un mes con intervalos de diez (10) días entre una y otra publicación.

La autoridad judicial remitirá al Registro respectivo tres (3)ejemplares de los periódicos que contengan la primera publicación, para que sean fijadas la solicitud y el emplazamiento en la puerta de su Oficina. El Registrador acusará recibo y cumplimiento de esta formalidad.

Artículo 22. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la última publicación las personas emplazadas conforme al artículo anterior, comparecerán al Tribunal por sí o por medio de apoderados; y a los que no comparecieren vencido esté término, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación.

Único. -Se tendrá por no aceptado el nombramiento de defensor cuando el nombrado no compareciere a juramentarse en la primera audiencia después de notificado. En estos casos, el Juez procederá inmediatamente a nombrar nuevo defensor.

Artículo 23. La contestación a la solicitud de expropiación se verificará en la tercera audiencia siguiente al vencimiento del lapso fijado en el articulo precedente. En el caso de nombramiento de defensor de oficio, las tres (3) audiencias comenzarán a correr desde la fecha de aceptación y juramento del defensor.

Articulo 24. Si al contestarse la solicitud de expropiación se hiciere oposición, se abrirá un lapso de quince (15) días para promover y evacuar las pruebas que fueren pertinentes.

Artículo 25. La oposición a la solicitud de expropiación sólo podrá fundarse en violación de la Ley, o en que la expropiación debe ser total, pues la parcial inutiliza la finca o la hace impropia para el uso a que está destinada.

Único.- Para poder hacer oposición, es necesario que quien la intente aduzca la prueba de su derecho a la cosa sobre que versa la expropiación. En consecuencia, sin este requisito no podrá hacerse uso de ninguna defensa.

Artículo 26. Puede hacer oposición no sólo el dueño de la finca, sino cualquiera persona que tuviere un derecho real sobre la misma.

Artículo 27. El poseedor tiene derecho a hacerse parte en el juicio de expropiación, a fin de que saque del precio la cuota que le corresponda por el valor de sus mejoras y por los perjuicios que se le causen.

Artículo 28. En la audiencia siguiente al vencimiento del lapso probatorio, el Juez comenzará necesariamente la relación de la causa, la cual continuará sin interrupción hasta su terminación, debiendo leerse en cada audiencia cinco (5) folios por lo menos.

El mismo día en que termine la relación, el Tribunal fijará la segunda audiencia para oír los informes de las partes, los que continuarán, si fuere el caso, en audiencias sucesivas hasta su fin. La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de los informes.

Artículo 29. El término para apelar de las decisiones de Primera Instancia será de tres (3) días.

Artículo 30. Cuando el Juez competente para conocer de estos juicios no fuere abogado, estará obligado a oír el dictamen de un asesor que si lo sea, elegido por el mismo funcionario. El asesor deberá presentar su informe dentro de ocho (8) días después de recibido el expediente.

Articulo 31. Declarada por la autoridad judicial la necesidad de adquirir el todo o parte de la propiedad o algún otro derecho, según lo alegado y probado en autos, y firme la decisión, se señalará día y hora para que las partes concurran a fin de lograr un avenimiento sobre el precio de la cosa objeto de la expropiación.

Único.- Los defensores de no presentes y mandatarios que no tengan poder para ejecutar actos de disposición o para transigir, carecen de facultad para este avenimiento. En el acta de avenimiento se especificarán las razones que justifiquen el avalúo convenido.

Artículo 32. No lográndose el avenimiento, el Juez designará una hora de la tercera audiencia siguiente para el nombramiento de peri tos que han de hacer el justiprecio, observándose las reglas del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 33. Los peritos serán uno o tres y su nombramiento se hará por las partes. Cuando una de ellas no concurriese o no pudiere avenirse en cl nombramiento del tercero, el Juez hará el nombramiento del que Ic corresponda a la parte y del tercero, o de éste solamente, en sus casos.

Artículo 34. En el justiprecio de toda finca o derecho que se trate de expropiar total o parcialmente, se especificará su clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas, su probable producción y todas las otras circunstancias que influyan en las operaciones y cálculos que se hayan hecho para fijar su justo valor, las cuales también se especificarán. Entre los elementos del avalúo se tornarán en cuenta el valor fiscal del inmueble declarado o aceptado por el propietario; el valor establecido en los actos de transmisión realizados por lo menos seis (6) meses antes del Decreto de expropiación y los precios medios a que se hayan vendido en los últimos doce (12) meses inmuebles similares. En ningún caso puede ser tornado en cuenta el mayor valor de los inmuebles por razón de su proximidad de las obras en proyecto. Cuando cl justiprecio verse sobre parte de una finca o derecho, formará capitulo separado la cantidad en que se estime el perjuicio sufrido por cl propietario con la expropiación parcial, teniendo en cuenta el beneficio inmediato y permanente que la construcción de la obra que da lugar a la expropiación, reporte al resto de la finca o derecho de que se trate. Si la estimación del beneficio excediere de la del perjuicio, el exceso se imputará el valor de la parte expropiada. En todo caso, si el exceso fuere mayor de un cuarto de k indemnización debida al propietario, puede éste optar por la expropiación total declarando que acepta el justiprecio procedentemente efectuado.

Único.- De la misma manera se hará y presentará el justiprecio de las mejoras y perjuicios del poseedor.

Artículo 35. Habrá lugar a indemnización cuando a los propietarios se los prive de una utilidad, queden gravados con una servidumbre o sufran un daño permanente que se derive de la pérdida o de la disminución de sus derechos.

Artículo 36. Las servidumbres sin daño o sin grave incomodidad para el propietario, no dan derecho a la indemnización. Los peritos calcularan solamente los gastos necesarios para establecer la servidumbre, siempre que quien promueva la expropiación no prefiera ejecutarlos él mismo.

Artículo 37. Las mejoras que durante el juicio de expropiación hiciere el propietario de la cosa que se expropia, no serán apreciadas por los peritos. Su dueño podrá, sin embargo, llevarse los materiales y destruir las construcciones en cuanto no perjudique al expropiante. Tampoco serán apreciadas las mejoras que efectúe el propietario de la cosa que se expropia después de la aprobación y publicación del plan general de acondicionamiento o modernización de una ciudad o agrupación urbana a que se refiere el artículo 11.

Artículo 38. Los gastos de justiprecio son de cargo del que pide la expropiación.

Artículo 39. Avenidas las partes en cuanto al precio de la cosa sobre que versa la expropiación o firme el justiprecio, antes de proceder a la ocupación definitiva del inmueble, el expropiante consignará el precio ante la Autoridad que conoce del negocio, para que sea entre gado al propietario, a menos que se haga constar que este ya recibió el pago.

Único.- Cuando se trate de la expropiación de inmueble, con fines de ensanche y acondicionamiento de las poblaciones, el pago podrá hacerse a termino, dentro de un plazo que no excederá de diez años, con el interés, ventajas, exoneraciones y condiciones que determine en cada caso el Ejecutivo Nacional y previo el otorgamiento de las garantías reales o personales que se constituyan, a cuyo efecto queda aquél expresamente autorizada para otorgadas.

Sin embargo, mientras cl propietario expropiado continúan en posesión material o disfrute del inmueble por no haberse efectuado la ocupación efectiva del mismo, los títulos que represente el precio no devengarán interés.

Si existiesen créditos privilegiados o hipotecarios sobre los inmuebles expropiados, aquellos se trasladarán al respectivo precio, en las mismas condiciones en que lo reciba el expropiado, pero con la obligación para éste de pagar al acreedor el equivalente de los intereses de esas obligaciones, mientras se encuentre en la situación contemplada de posesión material o disfrute del inmueble, a cuyo efecto se tomarán las precauciones necesarias en defensa de los derechos de dichos acreedores.

Artículo 40. Consignada la suma o constancia de haberse realizado el pago, la autoridad que conoce del asunto, ordenará se dé copia de la sentencia que declara la expropiación, al que la ha promovido, para su registro en la Oficina respectiva, y además ordenará a la autoridad política del lugar, que se haga formal entrega de la cosa al solicitante.

Único. En los casos previstos en el parágrafo único del artículo anterior, en la propia sentencia se expresará la forma de pago según lo reglamente el Ejecutivo Nacional y se hará constar la garantía constituida que responda al propietario por el valor de su inmueble. Si el expropiado debiere recibir de contado una parte del precio, o bonos, títulos o certificados representativos de su acreencia, la autoridad no ordenará expedir copia de la sentencia, mientras no hayan sido consignados el dinero o valores respectivos, o constancia de haberlos recibido directamente el expropiado.

Articulo 41. El Tribunal, si no hubiere oposición de tercero, ordenará entregar al propietario, cl mismo día de la consignación, cl precio respectivo, o la cuota inicial, si fuere el caso, o los bonos certificados o títulos que representen su acreencia. Si notificado a tal efecto, no concurriere, o si no fuere hallado, se depositarán el dinero y valores en un instituto bancario o casa de comercio de reconocida solvencia.

Artículo 42. Cuando la expropiación comprenda mejoras o plantaciones que no pertenezcan al propietario del inmueble, su precio conforme esté determinado en la experticia, se entregará a su dueño, deduciéndose del monto total consignado, siempre que no hubiere oposición de tercero.

Artículo 43. Cuando para asegurar los derechos de tercero fuere suficiente sólo una parte del precio, el depósito se limitará a éste; lo mismo se hará cuando la finca estuviere gravada y bastare una parte del precio para cancelar el gravamen.

Artículo 44. Todo aquel que se creyere con derecho y acompañe prueba fehaciente de su pretensión, puede oponerse a la entrega del precio consignado como valor de la cosa expropiada, pidiendo que se deposite. El Tribunal, con vista de las pruebas aducidas acordará o negará el depósito, pudiendo abrir una articulación por ocho (8) días si alguna de las partes lo pidiere.

Artículo 45. Si por la naturaleza de la obra de utilidad pública o social a realizarse, o por otras circunstancias, se decidiere enajenar parte de la finca expropiada o su totalidad, se dará preferencia en igualdad de condiciones al expropiado.

Artículo 46. Toda obra declarada de utilidad pública lleva consigo el derecho a la ocupación temporal de las propiedades ajenas por parte del que las ejecute, sólo en los casos siguientes:

La ocupación durará tan solo el tiempo absolutamente indispensable, no debiendo en ningún caso concederse por un término mayor de seis (6) meses. Puede, sin embargo, prorrogarse por igual término, y por una sola vez, por causa debidamente justificada.

Artículo 47. Para proceder a la ocupación temporal se requiere una orden escrita del Gobernador del Estado, del Distrito Federal o del Territorio Federal en que se ejecute la obra. Esta orden se protocolizará en la correspondiente Oficina de Registro.

Artículo 48. No se acordará la ocupación temporal sin antes haber dado el correspondiente aviso al propietario por lo menos con diez (10) días de anticipación.

Artículo 49. El que ocupa temporalmente la propiedad ajena, indemnizará al propietario de los perjuicios que le cause, a justa regulación de expertos y oyendo previamente al respectivo propietario.

Artículo 50. Cuando la obra sea de las especificadas en cl artículo 11 de la presente Ley y la autoridad a quien competa su ejecución la repute de urgente realización, podrá hacer valorar el inmueble por la Comisión de Avalúos a que se refiere el artículo 16 en su último aparte, a los fines de su ocupación previa. Esta será acordada por el Tribunal a quien corresponda conocer del juicio de expropiación, después de introducida la demanda respectiva y siempre que el expropiante consigne con la solicitud la cantidad en que hubiere sido justipreciado el inmueble. Si el propietario se conformare con el avalúo realizado y no hubiere otra oposición justificada, el juicio se dará por concluido.

Artículo 51. Antes de procederse a la ocupación previa, el Juez dará el correspondiente aviso al propietario y al ocupante, y acordará de oficio que un Juez de la jurisdicción, asistido de un práctico y previa notificación del propietario, que se le hará conjuntamente con dicho aviso, lleve a cabo una inspección ocular para poner constancia de todas las circunstancias de hecho que deben tenerse en cuenta para justipreciar total o parcialmente la finca de que se trata y las cuales pueden desaparecer o cambiar de situación o estado por el hecho de la ocupación. En el curso de la inspección puede el propietario hacer las observaciones que tuviere a bien, y las que haga, por más extensas y minuciosas que sean, se harán constar en el acta respectiva. Una copia de las actuaciones de la inspección se enviará a la mayor brevedad posible y por la vía más rápida a la Corte o Juzgado que esté conociendo de la solicitud de expropiación, a fin de que se agregue a sus antecedentes y de que sus particulares sean tenidos en cuenta para la fijación del justo valor de la cosa.

Artículo 52. Si se paralizare el juicio de expropiación por causa imputable al ocupante, el propietario podrá oponerse a que continúe la ejecución de la obra, sin perjuicio de intentar las actuaciones a que hubiere lugar conforme a la Ley.

Artículo 53. En los casos de fuerza mayor o de necesidad absoluta, como incendio, inundación, terremotos o semejantes, podrá procederse a la ocupación temporal de la propiedad ajena, y bastará para ello la orden de la primera autoridad de policía de la localidad. Todo sin perjuicio de la indemnización al propietario si a ello hubiere lugar, tenidas en cuenta las circunstancias.

Artículo 54. El Juez o funcionario público de la Nación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Territorios Federales, que tomare u ordenare tomar la propiedad o derechos ajenos sin cumplir los requisitos establecidos por las Leyes, responderá personalmente del valor de la cosa y de los perjuicios que cause, a reserva de ser juzgado conforme a lo establecido en cl Código Penal.

Artículo 55. Se deroga el Decreto número 219, dictado por la Junta Revolucionaria de Gobierno, de fecha veintiuno de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, y las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente Ley. Los artículos reformados y nuevos se distinguen en el texto de la presente Ley con los números 1, 9, 10,15,16,19,23,24,25,29,30,31,40,41.42 y 48.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Legislativo Federal, en Caracas, a los dieciséis días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y siete. - Año 138 de la Independencia y 89 de la Federación.

Palacio de Miraflores, en Caracas a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete. Año 138 de la Independencia y 89 de la Federación.

Tte. Cnel. Carlos Delgado Chalbaud. - Doctor Raúl Leoni. - Tte. Enel. Mario R. Vargas C. - Doctor Gonzalo Barrios.- Doctor Luis B. Prieto F. - Doctor Edmundo Fernández.

Artículo 1. Salvo lo establecido en el artículo 2 de este Decreto, en materia de expropiación regirá la Ley de Expropiación por Causa Utilidad Pública o Social promulgada el 4 de noviembre de 1947, acatándose la disposición pertinente contenida en el artículo 67 de la Constitución Nacional promulgada el 5 de julio de 1947, (Artículo 115 de la Constitución vigente de 1999) en cuanto a la expropiación de inmuebles con fines de ensanche y acondicionamiento de las poblaciones.

Artículo 2. El Ejecutivo Federal declarará, en casos urgentes, que una obra es de utilidad pública o social siempre que en todo o en parte haya de ejecutarse con fondos nacionales o se fa considere de utilidad nacional. En el Distrito Federal y en los Estados y Territorios Federales pueden hacer dichas declaratorias, con la aprobación del Ejecutivo Federal, los respectivos Gobernadores, siempre que se trate de obras urgentes que hayan de ejecutarse con fondos de las administraciones regionales.

Artículo 3. En lo que respecta a las obras de la Avenida Bolívar recibirán además aplicación el Decreto No. 66 del Ejecutivo Federal, de 7 de junio de 1948, y el del Gobierno del Distrito Federal, de 5 de junio de 1948, relativos a la realización de la expresada Avenida.

Artículo 4. El Ministro de Relaciones Interiores queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiocho días del mes de enero de mil novecientos cuarenta y nueve. - Año 139 de la Independencia y 90 Federación.